La primera de las mesas redondas de las jornadas técnicas de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de las Hurdes trató hoy una de los aspectos más candentes en el sector: las dificultades con que se encuentran los apicultores extremeños para hacer la transhumancia, debido a las políticas proteccionistas de otras comunidades autónomas como Castilla y León, que permiten libremente a los ayuntamientos grabar con tasas esta práctica.
Históricamente las más de 600.000 colmenas que se asientan en Extremadura durante el otoño, invierno y primavera; hacían después la transhumancia a Andalucía, Galicia o Castilla y León. Pero desde hace unos años, algunas administraciones regionales han llevado a cabo regulaciones que dañan la libertad empresarial, generan desigualdades y merman los resultados económicos de los apicultores.
Así lo han puesto de manifiesto en la mesa representantes de los diferentes partidos políticos de la Asamblea de Exremadura y organizaciones agrícolas, como son: Eduardo Béjar (PSOE), Saturnino López (PP), Irene de Miguel (Podemos), Paulo Marcos (Asociación Cacereña de Apicultores), Antonio Prieto (UPA-UCE) y Juventino Domínguez (APIHURDES).
Entre todos, estudian las acciones a emprender para que este problema se solucione. Como primer avance, cuentan ya con el apoyo público del presidente de la Junta de Extremadura, que, durante la inauguración de la Feria, ha puesto a disposición del sector los medios políticos y jurídicos de la Junta de Extremadura.
Reacciones de la Mesa redonda:
La Asociación Cacereña de Apicultores instó a los representantes políticos a ponerse de acuerdo con sus homólogos en otras comunidades para tratar de erradicar el problema.
Por su parte, UPA UCE se mostró pesimista sobre el resultado de las «promesas políticas» de atajar el problema y recalcó el agravió que supone las tasas a la transhumancia, que consideró que iban en contra de La Ley de comercio 20/2013, porque «limitan el libre movimiento de nuestras empresas y discriminan», valores que defiende esta Ley, junto a la simplificación de cargas administrativas.
El representante del PSOE se comprometió a defender al sector ante el Parlamento regional y a presionar al Gobierno central a modificar la legistación y evitar esas normas de proteccionismo local, como ya hicieran, en su día, con el problema del etiquetado.
El PP habló del potencial económico que para la Región supone el sector apícola y calificó de inconstitucional el decreto de la Junta de Castilla y León, comunidad gobernada por su partido; por lo que fue increpado por algunos asistentes; instándole a pedir uniformidad en sus decisiones.
En la misma línea se pronunció la representante de PODEMOS, que se comprometió a analizar las amenazas del sector y actuar contra lo que consideró competencia desleal. Asimismo, puso sobre la mesa la necesidad de erradicar las prácticas con pesticidas químicos que dañan el medio ambiente.
Al término de sus intervenciones, tuvo lugar un acalorado debate entre el público asistente, que instó a los responsables políticos a ser más resolutivos. También hubo espacio para las propuestas, como la del sindicato UPA de Castilla y León (asistente entre el auditorio) que invitó a sus homologos extremeños a crear una mesa conjunta para tratar de solucionar este problema común; sin criminalizar a unos u otros productores.
En definitiva, una acertada mesa con que se abrieron las jornadas técnicas y que suscitó el interés del sector, colgando el cartel de ‘no hay entradas’ en la carpa habilitada para la ocasión.
